España 18.8.09: “Tener una conexión a Internet de calidad ya no es un lujo, sino una necesidad, y debe de reconocerse como derecho universal”, afirma Sonia Ortiga
Ante el alto precio y la baja velocidad de los servicios de ADSL en España con respecto a otros países europeos, la Coordinadora Verde exige al Ministerio de Industria que actúe para reducir los precios de la banda ancha en España. Esta situación hace, a juicio de la coportavoz Sonia Ortiga, que el déficit tecnológico de España aumente pese a las promesas del Gobierno Zapatero que prometió cambiar el modelo productivo bajo el lema “menos ladrillo y más tecnología”.
“Demandamos igualmente a la Comisión Europea que tome la iniciativa y proponga una directiva que marque los precios máximos de las conexiones de banda ancha, de la misma manera que ya hizo con los precios del roaming de telefonía móvil”, declara Ortiga, quien añade que con esta medida se persigue seguir potenciando la movilidad y comunicación entre los estados miembros de la Unión Europea.
La Coordinadora Verde cita el estudio comparativo realizado por la Asociación de Internautas en el que se muestra que el ADSL en España es el más caro de la zona euro, y el tercero más caro de la UE. El precio medio en la UE de la conexión de banda ancha es de 31,48€ mensuales, mientras que en España asciende a 47,44€, siendo el tercero más caro de los 27 países de la UE.
La organización ecologista critica además la calidad de la conexión, “que deja mucho que desear, porque seguimos teniendo una banda ‘ancha’ lenta y cara”, por lo que reclama a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que vigile que la aplicación que realizó de dos rebajas en los precios mayoristas se aplique igualmente en el recibo del ADSL de los consumidores.
Para Sonia Ortiga, “no es de extrañar que el Broadband Performance Index, indicador de la Unión Europea que mide el avance de la banda ancha y compara velocidad, precio, y uso de la conexión, coloque a España en la posición 19 de 29 países estudiados, 8 puestos por debajo de su ranking en 2008, lo que demuestra patentemente la situación abusiva bajo la que nos encontramos en España con el beneplácito del Gobierno. Es una situación totalmente injusta y socialmente insostenible ante una herramienta de investigación, estudio y trabajo, ya que la brecha digital sigue creciendo. La Coordinadora Verde considera necesaria la intervención del Gobierno para erradicar esta situación de abuso y de agravio intereuropeo”.
“Tener una conexión a Internet de calidad ya no es un lujo, sino una necesidad, y debe de reconocerse como derecho universal. Los trámites administrativos por Internet, el acceso al conocimiento y a la información, y el aumento de las posibilidades de participación ciudadana son otras de las razones que justifican esta petición“, afirma la coportavoz ecologista, que señala el apoyo de su organización a la campaña “ADSL más barato”, en la que más de 300.000 firmantes ya han expresado su petición de una rebaja incondicional del ADSL.
Informática Verde participó en la I Universidad Verde de Verano, organizando la plenaria sobre “El ataque global a los derechos civiles en la red”, y dos talleres, uno sobre “Introducción al software libre”, y otro sobre “Cómo usar las redes sociales para hacer política verde”.
De este segundo ofrecemos aquí la presentación que se realizó durante el mismo.
Los Verdes consideramos muy positiva la propuesta de dotar a los estudiantes de ordenadores personales pero creemos que deben dotarse de software libre, ya que de esa forma se reducirá mucho el coste de implantar dicha medida.
Un gasto inútil y una oportunidad de desarrollo local
La compra de licencias de productos Microsoft costará 100 millones de euros al año, que se van a pagar con los impuestos que aportamos todos y en estos momentos de crisis es un gasto absolutamente innecesario. Estos programas se pueden sustituir por programas gratuitos de código abierto, por los que no hay que pagar licencia alguna.
Los Verdes consideramos que el uso de estándares abiertos permitiría una mayor libertad de elección y unas comunicaciones más abiertas entre los ciudadanos y sus representantes y que si se redujera la dependencia de una sola empresa, se limitarían los riesgos a la seguridad y se respetaría la diversidad del sector europeo del software.
Además, para Los Verdes esta es una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas españolas se pongan a la cabeza en el desarrollo de software libre. Este sector es un motor de desarrollo económico con el que se crearían un número muy importante de puestos de trabajo.
Extremadura, un ejemplo a seguir
En España, tenemos el ejemplo de la Comunidad de Extremadura, que ha implantado Linux en los diversos niveles de la administración autonómica, así como en los institutos de enseñanza secundaria, que cuentan con un ordenador con software libre, por cada dos alumnos. Igualmente se ha introducido el uso de Linex (versión de Linux creada por el Gobierno Extremeño) en los colegios de primaria, y se han distribuido más de 200.000 CD’s con software libre. Se calcula que más del 10% de la población de Extremadura usa el sistema operativo Linex. Y todo esto sin pagar un euro de licencias a ninguna empresa privada, y desarrollando la economía local.
Hacer la informática más verde
Los problemas medioambientales de la informática son principalmente dos: el consumo eléctrico (que supone un 2% de las emisiones mundiales de CO2), y los residuos electrónicos (que son hoy el 4% del total de residuos europeo). Una informática más verde, por tanto, genera menos residuos, y cuanto menos consumo eléctrico tenga, mejor.
Para reducir las emisiones de CO2, proponemos que los ordenadores cumplan los estándares internacionales de eficiencia energética como 80-PLUS y Energy Star.
Por ultimo proponemos que se establezca una garantía de reciclaje. Es imprescindible que el proveedor de los equipos de una garantía de que va a reciclar los equipos una vez que estos queden en desuso.
En enero de 2009, hartos del pillaje, los ciudadanos lanzan un Gran Concurso popular en Twitter: En 140 caracteres piden la dimisión del ministro de cultura Cesar Molina que está regalando el derecho al acceso a la información a multinacionales y empresas privadas.
El 19 de marzo, día del padre (porque los piratas son los padres), los mejores eslogan aparecen recogidos en este video para que circule por toda la Red y deje claro de una vez que no queremos política en contra del bien común para el beneficio de unos pocos, ni queremos que nos quiten la mejor herramienta de comunicación de todos los tiempos, el P2P!
Con el video viene una guía para darse de baja de las operadores de ADSL que están dispuestas a vigilar a sus usuarios. Y también una guía para darse de alta en las que no.
Video-animación: Martin Fernández
Banda Sonora: La Màquina de Turing
Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del Adsl más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo entre RedTel y las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la Sgae, para que en España se dén tres avisos antes de que las operadoras de telecomunicaciones proveedoras de los servicios de Internet desconecten o ralenticen la conexión a Internet por usar redes P2P.
A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (“Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (“Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España”, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.
Estamos metidos en una batalla por defender nuestros derechos digitales de la agresión que hacen quienes quieren que sus beneficios económicos particulares sean lo más importante. Cada poco, hay una nueva agresión, en forma de amenaza a los internautas, que viene indistintamente del Gobierno o de la SGAE.
En esta ocasión, HispaLinux lanza una idea clara: los derechos de autor no pueden equipararse, y mucho menos prevalecer, sobre los derechos fundamentales. Informática Verde se adhiere a este texto y lo reproduce, para que conste.
Los Derechos de los Ciudadanos y el de los Autores.
"(…) bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados inevitablemente controlan, directamente o indirectamente, las fuentes principales de información (prensa, radio, educación). Es así extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos absolutamente imposible, para el ciudadano individual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente de sus derechos políticos."
(Albert Einstein, ¿Por qué socialismo? Artículo publicado en Monthly Review, Nueva York, mayo de 1949).
El pronóstico de Albert Einstein fué constatado años despues en el Plan Estratégico de 1996-2001 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO), el cual advertía que si la concentración de la información, la comunicación y el soporte técnico quedaban en pocas manos, se resentiría seriamente la democracia en el mundo.
Desgraciadamente no previno que los intentos de equiparar los derechos de autor con la propiedad (lo que ha venido llamándose "propiedad intelectual") tendrían un efecto aún más perverso; la expropiación del conocimiento público, sufragado por toda la humanidad durante miles de generaciones y la apropiación del mismo por parte de personas que dicen tener "todos los derechos reservados" sobre su obra.
Como si no hubiera reutilizado conocimiento que a todos pertenece y del que nadie es, ni puede ser, su amo en exclusiva. Como si no hubiéramos sufragado todos, solidariamente, las estructuras que han hecho posible su aprendizaje, su bienestar y la posibilidad misma de vivir para poderla realizar.
Por otro lado la propiedad privada, en España, no es ilimitada por naturaleza, más al contrario; está sometida a la función social. El limite de la propiedad privada no es pues algo ajeno, exógeno o impuesto desde fuera sino que es algo consustancial a si misma y, por tanto, en el caso de los derechos de explotación de la obra (la mal llamada "propiedad intelectual") el derecho universal de acceso a la cultura supone el objetivo mismo de los derechos de autor (fomentar la creación para el aprovechamiento social).
Es por eso que nuestra Constitución en su artículo 44. establece que "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general."
Por tanto los Derechos de Autor no pueden equipararse a los Derechos Fundamentales, y menos, ser prevalentes sobre ellos.
En ningún caso la investigación, persecución o penalización de una infracción de derechos de autor puede suponer la conculcación de Derechos Fundamentales como los expresados especialmente en el artículo 18 y 20:
Inviolabilidad del domicilio (no se puede registrar nuestros equipos sin consentimiento u orden judicial).
Secreto de las comunicaciones (no se nos puede espiar o conocer los datos que intercambiamos los ciudadanos sin orden judicial).
Límite a la informática para preservar la intimidad familiar (no se puede hacer estimaciones estadísticas de tráfico que permitan saber nuestra actividad sin orden judicial).
Derecho a una comunicación libre: Que abarca nuestra Libertad de Expresión, producción y creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente.
Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad nuestro acceso a la información y la cultura.
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Es por todo esto que la Neutralidad de Red es una obligación que deriva de los derechos fundamentales. Es decir, que los intermediarios deben mantenerse neutros y limitarse a conectar a proveedores de contenidos (sean personas físicas o jurídicas) con aquellos que deseen acceder a ellos sin jerarquizar, priorizar o penalizar dicha comunicación bajo ningún supuesto que no sea el de la voluntad del ciudadano. Y, por supuesto, garantizando el secreto de los datos que por sus redes circulan y siendo completamente escrupulosos con la privacidad e intimidad de las personas.
Sr. Rodriguez Zapatero, por favor comuníquele a su Ministro de Cultura y a su Ministro de Industria que su gobierno está empeñado en favorecer los derechos de los ciudadanos y que si no están por la labor, que al menos respeten su promesa de acatar la Constitución Española.
Informática Verde es un grupo de trabajo que trata de aunar la ecología (y la ecología política) con la informática. Apostamos por el software libre, estamos contra las patentes de software, a favor del reciclaje electrónico, y por la defensa de los derechos digitales. Pero a la hora de renovar nuestro contrato de alojamiento, nos planteamos la siguiente cuestión: ¿qué opciones tenemos de elegir un proveedor que sea lo más verde posible? (Y que además sea multidominio, y lo más barato posible).
Qué es un hosting "verde"
Existen varios criterios que podemos utilizar para definir lo verde que es un proveedor de alojamiento web:
- Usa energías limpias. La energía utilizada para alimentar los servidores proviene de fuentes renovables.
- Compensa las emisiones de CO2. La empresa calcula las emisiones que produce un servidor funcionando todo el año, y gestiona su compensación, por ejemplo a través de proyectos de repoblación forestal.
- Usa servidores GNU/Linux. En apoyo al conocimiento libre, la web de Informática Verde correrá con el pingüino.
- Es una empresa local. Apoyar las PYMES informáticas locales es también un compromiso verde. Qué opciones existen
Actualmente, la web de Informática Verde está alojada en Dreamhost. Es una empresa que compensa sus emisiones (+1), que ofrece alojamiento Linux (+1), y que además los dueños son los propios trabajadores (+1). Por contra, está radicada en los Estados Unidos, y no tenemos información sobre si usa energías limpias o no.
Otras opciones serían:
- En Europa hay algunas empresas: Los servidores de la alemana STRATO reciben energía 100% hidráulica. Usan hardware altamente eficiente, y permiten contratar servidores Linux. Hay otras empresas británicas: Green-Hosting, GreenWebHost, o UK Fast.
- Al otro lado del charco el tema está más extendido: Greenhosting, canadiense, recibe toda su electricidad de turbinas eólicas. GoGreenHosting es americana, y usa servidores FreeBSD, y energías renovables. Host Gator es otra compañía de EEUU, que compensa el 130% de sus emisiones, y ofrece Linux. AcornSoft es también green hosting, y su propietaria es una mujer. Hay maÅ› ofertas: EcoSky, Aiso, o Taproot.
No resulta sencillo elegir. ¿Conoces alguna empresa española, PYME preferentemente, que ofrezca estos servicios? ¿Has tenido experiencia con el Green Hosting? ¿Hay alguna que nos puedas recomendar?
Tras su aprobación el año pasado en las Cortes, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) ha sido mentada en los foros de la Red como la gran puerta abierta a la censura y el control por parte de las Sociedades de Derechos de Autor (con la SGAE en el palco de honor), ya que en su artículo primero y más polémico dice:
1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran.
Esta inexistente definición de quiénes son los "órganos competentes" capaces de ejecutar las medidas supone el caballo de troya por el que entran en juego las sociedades privadas. La enmienda propuesta para hoy en el Senado supone modificar la redacción a:
1.En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran.
Lo cual empezaría a dejar claro en el texto el sentido común de que quien debe juzgar lo lícito de los contenidos debe ser, por fuerza, un juez. Sin embargo, esta enmienda no parece ser suficiente, ya que en otras partes continúa la ambigüedad, pero podría permitir a los afectados recurrir las acciones.
En la mañana de ayer el Parlamento Europeo votó el Paquete de Telecomunicaciones, conjunto de directivas encaminadas a renovar la legislación europea sobre el sector, y que incluían las Enmiendas Torpedo, cuyo objetivo es restringir las libertades ciudadanas en Internet. 3 de las 5 Enmiendas Torpedo siguen activas La votación ha arrojado algunos resultados positivos y bastantes negativos.
Algunas de las enmiendas más peligrosas han sido rechazadas, entre ellas las que abrían la puerta al spyware obligatorio (K1-Enmienda 134 y K2-Enmienda 130). También han caído las enmiendas propuestas por el eurodiputado conservador francés Jacques Toubon (Enmienda 132 al informe Trautmann, y 179 al informe Harbour), que abogaban por una clara restricción de los derechos de los ciudadanos, incluyendo la retención de datos por parte del Estado.
Otras enmiendas interesantes han sido aprobadas, como la 138, presentada por varios partidos, y que indicaba que antes de restringir los derechos y libertades es necesario contar con una autorización judicial, salvo para casos de fuerza mayor (PIRATA tiene una opinión contraria a esta 138). También se ha pedido a la Comisión que redacte un informe sobre el uso de las direcciones IP como dato personal, en vez de desestimarlo como tal directamente en el texto.
Sin embargo, una alianza de los grupos del Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, Liberales, y Europa de las Naciones, han logrado aprobar todas las enmiendas Harbour (H1-Enmienda 193, H2-Enmienda 112 y H3-Enmienda 76/2), entre otras negativas, y que abren la posibilidad legal de bloquear cierto tráfico en la red (léase P2P) con la excusa de prevenir bajadas de rendimiento, de que las gestoras de derechos de autor (léase SGAE) pueda negociar con las operadoras códigos de conducta, y de que los usuarios reciban avisos de las operadoras (pero pagados por el Estado) sobre lo que deben y no deben hacer con su conexión a Internet.
Varias de estas enmiendas (H2 y H3) contaban incluso con una opinión contraria por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que indicaba que este tipo de legislación era un camino hacia la vigilancia de los usuarios en Internet. Opinión a la que los grupos mayoritarios han hecho caso omiso.
Rechazadas las enmiendas de Los Verdes a favor de la Neutralidad y los Derechos Digitales
A la hora de valorar los resulados de la votación, se puede observar como las enmiendas de Los Verdes han sido rechazadas de forma casi sistemática. Según nos informa la Oficina Verde Europea, se han rechazado propuestas para garantizar el acceso de los usuarios hasta donde fuese técnicamente posible (Enmienda 172), para evitar la implantación de la respuesta gradual (Enmienda 169), y para defender la neutralidad de la red (Enmienda 170).
Dani Cohn-Bendit, copresidente del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, se felicita en un comunicado oficial por el debate público que ha tenido este Paquete de Telecomunicaciones. Dice que no es aceptable que se incite a los Estados Miembros a comparar la descarga de archivos con la pornografía infantil o el terrorismo. David Hammerstein, eurodiputado verde español, señala que las asociaciones de consumidores, los internautas, y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, han estado de acuerdo con la postura de Los Verdes, en defensa de las libertades civiles. Lamenta que algunos diputados del PPE y de los Liberales, hayan utilizado la puerta de atrás y la letra pequeña del "Paquete Telecom" para atentar contra la vida privada de los internautas.
Citando el comunicado oficial: "Los Verdes votamos en contra del Informe Habour, porque no se pueden iniciar restricciones a las libertades civiles (incluido el derecho de copia) sin la intervención de la justicia, que es guardián último de las libertades civiles. Es totalmente inaceptable que el "Paquete Telecom" incite a los Estados Miembros a utilizar medidas para luchar contra el intercambio de ficheros en la red a través de los proveedores de Internet. "
Los enemigos de la red (Harbour, Kamall, Toubon, Guardans)
Durante el proceso de debate de las Enmiendas Torpedo ha habido varios eurodiputados que se han significado en contra de las libertades civiles.
El británico Malcom Harbour, del Partido Popular Europeo, ha sido quien ha lanzado los Torpedos contra Internet, acompañado de Syed Kamall, también conservador británico, aunque éste no ha salido a dar la cara. Otro popular torpedero ha sido el francés Jacques Toubon, fan de la Guillotina Digital. En general, han sido los grupos del Partido Popular Europeo (PPE-DE), y los Liberales (ALDE), los principales impulsores de las medidas.
Otro "ogro" es Ignasi Guardans, eurodiputado de CiU. Ha puesto literalmente a parir al movimiento de presión ciudadano en contra de las Enmiendas Torpedo, acusando a los internautas de mentirosos en varias ocasiones. La oficina de Ignasi Guardans fue contactada directamente, por correo, fax y teléfono, en el marco de la campaña contra las Enmiendas Torpedo. Lo único que se consiguió fueron largas, evasivas, y posicionamientos contrarios a la libertad en Internet.
Guardans ha escrito en varias ocasiones posicionándose en contra de las abusivas medidas de seguridad de los aeropuertos. Cuando el Estado agrede al ciudadano, él sale en su defensa. Sin embargo, cuando son los intereses económicos privados los que están en juego, Guardans define su escala de valores y ataca sin contemplaciones las libertades individuales.
Los efectos de la campaña ciudadana contra las Enmiendas Torpedo
La importancia que han tenido las Enmiendas Torpedo, tanto en la sesión de debate de comienzos de septiembre, como a lo largo de todo el mes en el Parlamento, ha sido debida exclusivamente a la movilización ciudadana que se ha producido en toda la UE en su contra. Gracias a esta movilización, se descubrieron ante el público las Enmiendas Torpedo, que de otra manera hubieran pasado desapercibidas. El debate de comienzos de septiembre estuvo muy centrado en los derechos de los internautas, y durante todo el mes de septiembre el Parlamento Europeo ha sentido la presión ciudadana. Se han conseguido algunas victorias parciales (como K1 y K2), pero aún queda mucho por luchar.
Los eurodiputados que han apoyado las Enmiendas Harbour (el informe completo ha obtenido 548 votos a favor, 88 en contra, 13 abstenciones) deberán ahora justificarse ante los internautas. Citando a la Asociación de Internautas: El éxito del día de hoy sin embargo (aparte del rechazo de las enmiendas Kamall) es que los europeos hemos demostrado que la sociedad civil puede y debe movilizarse en defensa de sus derechos.
Esta no es sino otra batalla dentro de la guerra por defender nuestros derechos en la red, por conquistar los Derechos Digitales. ¿Qué va a pasar ahora?
El proceso de aprobación del Paquete Telecom no ha acabado aquí. El proceso parlamentario utilizado, llamado "codecisión" (más información en la wikipedia en inglés o en Informática Verde en español), señala que ahora debe pronunciarse el Consejo de la Unión Europea, en representación de los Estados Miembros. Este pronunciamiento supone nuestra próxima cita, el 27 de noviembre. Ese día, el Consejo de la Unión Europea adoptará un acuerdo político sobre el tema, y lo ratificará a principios de enero.
El texto, tal y como sale del Parlamento, contiene contradicciones. Hay enmiendas que dicen a la vez una cosa y la contraria, un "truco" que utiliza a menudo el Parlamento Europeo cuando quiere forzar al Consejo para que no apruebe directamente el texto, dando pie a un proceso de segunda lectura. Probablemente lo que apruebe el Consejo difiera muy poco del texto aprobado por el Parlamento, lo que daría lugar a segunda lectura rápida, que fuentes internas del Parlamento Europeo estiman para el 12 de enero.
Hasta entonces, corresponde al movimiento internauta analizar las posibles implicaciones de lo ocurrido hoy, coger fuerzas, y preparar la siguiente batalla.
El Parlamento Europeo votará dentro de 3 semanas el Paquete Telecom. En esta legislación, que debe regular las Telecomunicaciones en Europa, se han introducido varias enmiendas que no tienen nada que ver con el objetivo de las directivas tratadas. Estas enmiendas, denominadas "enmiendas torpedo", suponen un ataque a los derechos de los usuarios en la red, pues vulneran la privacidad de los mismos e imponen la vigilancia continua sobre los internautas.
Los derechos de los internautas están en juego
Las empresas discográficas, en su intento por perpetuar un modelo de negocio obsoleto, no tienen inconveniente en pasar por encima de los derechos de los usuarios.
La libertad en la red está amenazada. Si las enmiendas torpedo son aprobadas, se obligará a los usuarios a instalar un programa que controle las descargas. En la vida real, sería el equivalente a caminar todo el día con un policía detrás que compruebe todo lo que haces.
La privacidad del usuario está en jaque. Con las enmiendas torpedo se permitirá que se controle toda la información que sale de los ordenadores de los usuarios, para ver si esta es "lícita" o "ilícita".
Las enmiendas torpedo no definen los términos "lícito" o "ilícito", pero sí que ofrecen a las sociedades de autores la posibilidad de "colaborar" con las compañías de telecomunicaciones para decidir qué es ilícito y qué no lo es.
La neutralidad de la red es otra víctima. Con las enmiendas contra Internet, las operadoras pueden reducir la velocidad de las descargas con la excusa de "prevenir" problemas de servicio. En este contexto, el principal perjudicado es el P2P.
Apoyo a la campaña contra las Enmiendas Torpedo
Varias agrupaciones de Internautas han convocado una campaña en la red para pedir a los europarlamentarios que se posicionen en contra de estas enmiendas. Todo el grupo de LosVerdes / Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo se ha sumado a la campaña. En declaraciones de David Hammerstein, eurodiputado español: "las compañías discográficas han declarado la guerra a los internautas. Nosotros tenemos claro que lucharemos por defender los derechos digitales". Además de lo expresado por su oficina en el comunicado "SOS por la libertad en Internet", Hammerstein ha añadido: "No queremos un programa-policía que controle nuestros movimientos, y no queremos que la SGAE decida qué es lícito o ilícito"; "Los 42 eurodiputados del grupo de LosVerdes /ALE en el Parlamento Europeo nos sumamos a la campaña y animamos a los ciudadanos a que se pongan en contacto con sus eurodiputados para que voten a favor de los derechos digitales y en contra de las enmiendas torpedo"